La situación de la infraestructura vial en el departamento de Santander durante el primer trimestre de 2026 representa uno de los desafíos logísticos y sociales más complejos de la historia reciente de Colombia. A la fecha de este informe, el cobro de peajes en puntos neurálgicos de la región se encuentra suspendido, interrumpido o bajo procesos de desobediencia civil sistemática, lo que ha generado una erosión significativa en el modelo de financiación de obras públicas por concesión y administración directa. Las causas detrás de la ausencia de recaudo no obedecen a un factor aislado, sino a una confluencia de factores que incluyen fallos en la planificación de proyectos de cuarta generación (4G), la intervención de organismos de control como la Procuraduría General de la Nación, el impacto de eventos climáticos extremos y, de manera predominante, una crisis de confianza entre las comunidades locales y el Gobierno Nacional.
Dinámica de la protesta social y el fenómeno de las talanqueras levantadas
Uno de los pilares fundamentales para entender por qué no se están cobrando los peajes en Santander radica en el movimiento de protesta civil denominado «talanqueras arriba». A marzo de 2026, estaciones clave como Oiba, Curití, Los Curos y Pescadero operan bajo una suspensión de facto impuesta por las comunidades y los gremios de transportadores. Esta modalidad de protesta no impide el tránsito de vehículos, pero sí neutraliza la captación de recursos, bajo el argumento de que las vías se encuentran en un estado de deterioro avanzado que no justifica el pago de la tasa.
El corredor de «Los Comuneros», que conecta a Bucaramanga con la capital del país, es el epicentro de esta desobediencia. Las comunidades de Oiba y Curití mantienen las barreras levantadas desde finales de 2025, exigiendo que el Instituto Nacional de Vías (Invías) demuestre inversiones tangibles antes de normalizar el recaudo. Según los representantes de la Asociación Económica de Transportadores de Carga Liviana, se han recaudado recursos durante más de veinte años sin que se observen obras de mantenimiento mayor o rehabilitación de la calzada, lo que ha llevado a un punto de quiebre en la tolerancia ciudadana.
| Estación de Peaje | Estado Operativo (Marzo 2026) | Razón Principal de la Suspensión | Entidad Administradora |
| Oiba | Talanqueras arriba | Protestas por mal estado de la vía | Invías |
| Curití | Talanqueras arriba | Protestas por mal estado de la vía | Invías |
| Los Curos | Talanqueras arriba | Protestas por mal estado de la vía | Invías |
| Pescadero | Talanqueras arriba | Protestas por mal estado de la vía | Invías |
| Saboyá | Talanqueras arriba / Bloqueo parcial | Protestas campesinas / Ruta 45A | Invías |
| La Punta | Suspensión judicial | Cuestionamiento de legalidad (Procuraduría) | Gobernación de Santander |
| San Luis de Gaceno | Suspendido por resolución | Emergencia invernal y daño estructural | Concesión Sisga |
La relevancia de esta parálisis operativa se mide en términos económicos. Se estima que el Estado colombiano deja de percibir más de cien millones de pesos diarios únicamente en las estaciones del sur de Santander. Este déficit impacta de manera directa en la capacidad de ejecución de bacheo, señalización y atención de emergencias, creando un círculo vicioso donde la falta de mantenimiento justifica la protesta, y la protesta impide obtener los recursos para el mantenimiento.
El conflicto en el Peaje de Saboyá y la Ruta 45A
A la crisis de los peajes internos de Santander se suma la situación en el límite con el departamento de Boyacá. El peaje de Saboyá, un punto estratégico para el transporte de productos agrícolas hacia el centro de Colombia, ha sido escenario de levantamientos de talanqueras por parte de campesinos que denuncian el colapso de la Ruta 45A. Los manifestantes argumentan que el estado de la infraestructura es tan precario que compromete la seguridad alimentaria y eleva los costos de producción hasta niveles insostenibles para el pequeño productor.
En febrero y marzo de 2026, la dinámica en Saboyá ha consistido en permitir el paso libre de vehículos durante varias horas al día, acompañando la acción con charlas informativas para los conductores sobre el déficit de inversión estatal en la región. La exigencia central es la creación de una mesa de diálogo vinculante con el Ministerio de Transporte que no solo ofrezca promesas, sino que asigne recursos inmediatos de las vigencias futuras para la reconstrucción del tramo Puente Nacional-San Gil.
Intervención jurídica y administrativa en el Peaje La Punta
Un factor determinante que explica la falta de cobro en zonas de alta valorización turística como la Mesa de Los Santos es la intervención de la Procuraduría General de la Nación. El peaje La Punta ha sido objeto de una controversia legal que cuestiona la potestad del gobierno departamental para crear y administrar tasas viales.
Ilegalidad de la Ordenanza Departamental 049
La Procuraduría solicitó la suspensión provisional de la Ordenanza 049 de 2024, aprobada por la Asamblea de Santander, la cual pretendía adicionar una «tasa-peaje» al Estatuto Tributario Departamental. El argumento técnico del Ministerio Público se basa en que, de acuerdo con la Ley 2ª de 1980 y la Ley 105 de 1993, la facultad de fijar tarifas de peajes en la infraestructura nacional y sus variantes es competencia exclusiva del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte.
La administración del gobernador Juvenal Díaz Mateus ha defendido el recaudo alegando que los fondos son necesarios para el mantenimiento de vías terciarias que no están bajo la tutela del Invías, pero la comunidad de Los Santos y Piedecuesta ha mantenido una resistencia activa. Esta situación ha resultado en que, aunque el peaje cuenta con una estructura física y personal, el cobro se encuentre neutralizado por orden judicial y por la presión de los habitantes que consideran el tributo como una carga ilegal.
| Concepto Legal | Norma Citada | Argumento de la Procuraduría |
| Competencia Tarifaria | Ley 105 de 1993 | Solo el Ministerio de Transporte puede fijar tarifas nacionales. |
| Estructura Administrativa | Decreto 87 de 2011 | Define las funciones de gestión de peajes bajo el sistema nacional. |
| Autonomía Territorial | Ordenanza 049 de 2024 | Santander se excedió al crear una tasa sin permiso nacional. |
| Vigilancia Preventiva | Actuación Disciplinaria | Posible usurpación de funciones por parte de la Gobernación. |
La implicación de este fallo es profunda, pues sienta un precedente sobre la autonomía de los departamentos en la gestión de sus corredores internos. Mientras el juez administrativo no resuelva el fondo de la nulidad de la ordenanza, el recaudo en La Punta seguirá suspendido, privando a la región de recursos que el gobernador estima vitales para la señalización y bacheo de más de cien kilómetros de vías secundarias.
Inestabilidad en las concesiones 4G y reversiones al Estado
Otro motivo estructural de por qué no se están cobrando ciertos peajes en Santander se vincula al fracaso de algunos contratos de concesión bajo el modelo de Alianzas Público-Privadas (APP). El caso más emblemático en 2025 y 2026 es el del proyecto Bucaramanga-Pamplona.
Liquidación anticipada de la Autovía Bucaramanga-Pamplona
Debido a la inviabilidad técnica y financiera del proyecto, particularmente por la imposibilidad de ejecutar la Unidad Funcional 1 (Conectante C1-C2), un Tribunal ordenó la terminación anticipada del contrato de concesión en 2024, lo que llevó a la reversión de la infraestructura al Estado. A partir del 13 de junio de 2025, el Invías asumió la administración de este corredor, incluido el peaje de Picacho.
Esta transición generó periodos de incertidumbre en el cobro y un cambio en la percepción de los usuarios. Aunque el recaudo se reinició bajo la administración pública con una tarifa de trece mil pesos para 2026, la falta de un operador privado con capacidad de respuesta inmediata para el mantenimiento ha sido criticada por los transportadores. La reversión implica que el Estado ahora debe garantizar con recursos limitados del presupuesto nacional lo que antes se financiaba con capital privado, lo que ha ralentizado obras críticas en zonas con fallas geológicas complejas.
El déficit de estaciones en la Ruta del Cacao
La «Ruta del Cacao», que comunica a Bucaramanga con Barrancabermeja y Yondó, presenta un escenario de «peaje único» que ha generado un descalce financiero multimillonario. Originalmente, el proyecto contemplaba cinco estaciones de peaje para asegurar su sostenibilidad. Sin embargo, la oposición radical de las comunidades y de los alcaldes de los municipios aledaños impidió la instalación de cuatro de estas estaciones.
Como consecuencia, el Gobierno Nacional ha tenido que asumir el riesgo de «menor recaudo», realizando pagos compensatorios al concesionario que se estiman en cerca de un billón de pesos por ingresos no percibidos. Actualmente, solo funciona la estación de La Lizama, pero su operatividad se ha visto comprometida por factores de orden público, lo que explica por qué el flujo de recursos en este corredor es insuficiente para cubrir la magnitud de la obra construida.
Seguridad nacional y actos de interferencia ilícita
La dimensión de seguridad pública es un factor crítico en Santander que ha forzado la suspensión temporal del recaudo en momentos específicos. El departamento ha sido blanco de acciones terroristas que han afectado directamente la infraestructura de peajes, creando un entorno de riesgo para el personal civil encargado del cobro.
El atentado terrorista en La Lizama
El 15 de diciembre de 2025, la estación de peaje La Lizama sufrió un ataque con explosivos perpetrado por grupos armados ilegales. Este evento no solo causó daños estructurales severos en las casetas y equipos de pesaje, sino que también dejó trabajadores heridos y provocó el cierre total de la vía nacional RN6601 durante varios días. Tras el atentado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el concesionario Rutas del Cacao tuvieron que suspender el cobro mientras se restablecían las condiciones de seguridad y se reparaban los sistemas electrónicos de recaudo.
Este incidente se enmarca en un contexto de «paro armado» o acciones de presión por parte de grupos como el ELN, quienes utilizan los peajes como objetivos estratégicos debido a su visibilidad y su importancia para la economía regional. La parálisis por seguridad es una constante en las zonas de Magdalena Medio santandereano, donde la presencia de actores armados impone cierres intermitentes que impiden el funcionamiento normal de las estaciones de cobro.
El impacto de la inflación y el ajuste tarifario de 2026
La decisión del Gobierno Nacional de actualizar las tarifas de peajes a partir del 16 de enero de 2026, basándose en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ha sido un detonante adicional para la suspensión de facto por vía de protesta. En un entorno donde la inflación de 2025 cerró con cifras superiores al 5%, el incremento de los peajes ha sido percibido como un golpe directo a la canasta familiar y a la competitividad del transporte.
Nuevas tarifas y resistencia civil
Mediante la Resolución 0062 de 2026, el Invías actualizó los valores en las estaciones a su cargo. Sin embargo, en Santander, la publicación de estas tarifas se enfrentó a una realidad donde las talanqueras ya estaban levantadas en muchos puntos. La imposición de precios más altos sin una mejora proporcional en la calidad de las vías ha radicalizado la postura de los manifestantes en Pescadero y Curití.
| Peaje | Tarifa 2025 (Cat. I) | Tarifa 2026 (Cat. I) | Estado Actual del Cobro |
| La Lizama | $19.100 | $20.100 | Operativo con alta vigilancia |
| La Punta (Santos) | $17.100 | $18.000 | Suspendido por orden judicial |
| Zambito / Aguas Negras | $15.500 | $16.300 | Operativo intermitente |
| Picacho (Pamplona) | $12.300 | $13.000 | Administrado por Invías |
| Oiba / Curití / Curos | $12.100 | $12.700 | Talanqueras arriba (Protesta) |
| Lebrija | $10.900 | $11.500 | Operativo |
La actualización tarifaria incluye también el valor destinado al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI), que para 2026 se fijó en quinientos cincuenta y tres pesos por vehículo. A pesar de la legalidad de estos incrementos, la legitimidad social de los mismos es nula en Santander, lo que explica por qué, aunque las tarifas existan en el papel, el recaudo efectivo es muy inferior a lo proyectado en el presupuesto departamental y nacional.
El caso de estudio del Peaje de Rionegro: Cinco años de parálisis
Para comprender la magnitud de la pérdida financiera por no cobrar peajes, es imperativo analizar el caso de Rionegro. Esta estación fue vandalizada durante las protestas del estallido social de 2021 y permaneció inactiva hasta principios de 2025. Durante este lustro de inoperatividad, se estima que el departamento dejó de percibir cerca de sesenta mil millones de pesos, dinero que estaba destinado a obras cruciales como la doble calzada «La Virgen – La Cemento».
La reapertura del peaje de Rionegro en 2025 se logró solo después de un acuerdo social sin precedentes, donde la Gobernación de Santander y Findeter aceptaron eximir del cobro a todos los vehículos de Categoría I (automóviles y camperos) de manera permanente. Este compromiso fue la única forma de mitigar la resistencia de la comunidad local, que veía en el peaje un obstáculo para su desarrollo. No obstante, el regreso del cobro para vehículos pesados ha sido lento y vigilado, demostrando que la normalización total del recaudo en Santander requiere de concesiones políticas y económicas significativas por parte del Estado.
Factores climáticos y declaratorias de emergencia
Finalmente, la suspensión del cobro en algunos puntos específicos de Santander y zonas limítrofes ha sido una respuesta institucional a la temporada invernal y el colapso de la infraestructura. La Resolución 20253040041885 del Ministerio de Transporte es un ejemplo claro de este mecanismo.
Suspensión por pérdida de banca y daño estructural
En el corredor de la Transversal del Sisga y accesos al oriente de Santander, la fuerte temporada invernal de finales de 2025 y principios de 2026 causó múltiples cierres por pérdida de banca y deslizamientos de gran magnitud. Ante la imposibilidad de garantizar un tránsito seguro y como medida de alivio económico para las poblaciones aisladas, el Gobierno suspendió el cobro en estaciones como San Luis de Gaceno.
Esta medida busca proteger la «vida, la movilidad y la economía regional» en escenarios de desastre natural. La suspensión se mantiene vigente mientras avanzan los trabajos de recuperación y estabilización de taludes, lo que demuestra que el cobro de peajes está condicionado a la prestación efectiva y segura del servicio de tránsito. En Santander, la vulnerabilidad geológica del Cañón del Chicamocha y la vía a San Gil hace que estas suspensiones por fuerza mayor sean cada vez más frecuentes, afectando la estabilidad financiera de los contratos de mantenimiento.
Síntesis de la problemática y perspectivas futuras
En conclusión, la ausencia de cobro de peajes en Santander en 2026 es el síntoma de una crisis de gobernanza vial. No se trata simplemente de un problema técnico de recaudación, sino de una manifestación del descontento ciudadano frente a un modelo de financiación que parece haber agotado su credibilidad. La confluencia de talanqueras levantadas por protesta, suspensiones judiciales por fallos en la normativa, reversiones de contratos fallidos y amenazas de seguridad pública ha creado un escenario de incertidumbre para la conectividad del oriente colombiano.
El futuro del recaudo en Santander depende de la capacidad del Gobierno Nacional para restablecer la confianza a través de obras tangibles. Las comunidades han dejado claro que no aceptarán más incrementos tarifarios basados en el IPC si no hay una contraprestación inmediata en la seguridad y el estado de la carpeta asfáltica. La transición hacia esquemas de tarifas diferenciales y exenciones para categorías menores parece ser la única vía política para reanudar el flujo de recursos, aunque esto implique un mayor esfuerzo fiscal para la Nación en el corto plazo.
Mientras persista el desacuerdo institucional entre la Gobernación y la Presidencia sobre el manejo de los fondos del CONPES y las vigencias futuras, es probable que Santander continúe siendo un territorio con «talanqueras arriba», donde la infraestructura nacional se mantiene más por la voluntad de los usuarios que por la inversión efectiva del Estado. La parálisis del recaudo es, en última instancia, una advertencia sobre la necesidad de reformar profundamente la política de transporte y peajes en Colombia para adaptarla a las realidades sociales de las regiones.
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